¿SUFRAGIO UNIVERSAL, O LA LEGITIMACIÓN DEL PODER POR EL PODER?

En las últimas elecciones municipales, ha quedado al desnudo como nuestra democracia chilena no es más que una mera escenografía de cartón piedra.
El veredicto electoral es uno sólo, dirán todos y es cierto. Pero, ¿Es esta la mejor demostración de que un país goza de un sistema democrático sano, tras el cual se legitima indesmentiblemente la asunción a cargos en la pirámide del poder?
Por ello sería bueno preguntarse en qué condiciones votamos hoy los chilenos.
En primer lugar, habría que examinar cómo surgen aquellas candidaturas que dicen representar a la población que habita los territorios en que se postulan. ¿Provienen acaso desde las problemáticas locales o de la contingencia social, regional o nacional?
¿Son los actuales partidos políticos el reflejo directo de los procesos sociales del país?
¿Nuestra legislación ampara la representación y conformación de nuevos referentes políticos, tendencias sociales o de minorías en el país?
¿Existen garantías de debate público y tribuna para la diversidad de sectores y expresiones políticas del país, incluyendo las nuevas conformaciones sociales minoritarias durante las campañas electorales?
Y, por último, ¿Existe igualdad ante la ley para el financiamiento de campañas políticas?
Las respuestas caen por su propio peso. ¿Quién tendría dudas respecto a este breve examen de salud al marco legal y político en que está hoy nuestra democracia chilena?
Por cuanto, ¿Podemos hoy los chilenos afirmar que votamos en conciencia y en igualdad de condiciones, que se nos garantiza y respeta el acceso igualitario a información electoral, que existe un sistema que vela por la representación de nuevos referentes políticos y sociales, que existe plena participación ciudadana en los procesos de selección de candidaturas?
Es decir, en estas condiciones ¿Es el sufragio universal hoy en Chile la culminación de un proceso democrático interno responsable en el que cada cual, se inclina por la opción que representa mejor el proyecto colectivo con el cual se identifica?
Entonces, ¿Tiene sentido que nuestra legislación obligue a la ciudadanía del país a pronunciarse a través del voto, por uno u otro representante de la política nacional, cuando de toda evidencia en Chile vivimos en un sistema antidemocrático?
Algunas cifras duras expresan la rebeldía en sordina de extensos sectores de la población del país frente a un panorama político cada vez más árido y falto de libertades elementales. En las últimas elecciones municipales, el 17% de los electores se abstuvo y el 8% de los votos fueron nulos o en blanco. Es decir, un 25% de los electores omitió pronunciarse.
Pero lo más preocupante de todo es que el 70% de los jóvenes del país, entre 18 y 30 años, ha decidido marginarse voluntariamente de participar en elecciones populares, supremo acto de democracia para una nación.
Frente a ello, la respuesta es lapidaria. Las nuevas generaciones no creen en el actual sistema político. Son 2 millones de jóvenes los que no votan en Chile.
Es decir que existen hoy en Chile 10 millones de personas en edad de sufragar, y que cerca del 50% se niega, de una u otra forma, a participar en los comicios electorales del país.
Frente a tal escenario de deserción y desencanto nacional, no es temerario afirmar que la asunción a cargos de representación popular hoy en Chile es ilegítima, ya que sólo promueve el poder por el poder.

Verónica Adrián

18 CANDIDATOS SE COMPROMETIERON CON PLEBISCITO PARA ÑUÑOA

18 CANDIDATOS A LA ALCALDÍA Y AL CONCEJO MUNICIPAL HAN FIRMADO UN COMPROMISO SOLEMNE ANTE LA COMUNIDAD ÑUÑOINA

A mediados del 2007 la RED CIUDADANA POR ÑUÑOA comenzó su campaña de firmas para reunir el 10% del padrón electoral de la comuna para convocar a un plebiscito comunal desde la ciudadanía, como única salida posible para detener la destrucción de los barrios de Ñuñoa, tras la imposición por parte del Alcalde Pedro Sabat, de políticas urbanas que sólo favorecen al mercado inmobiliario.
Pese a las fuertes exigencias que opone la ley a la ciudadanía para someter a veredicto popular materias tan importantes como lo son su calidad de vida o el tipo de barrios en los que desea vivir, ha sido posible reunir hasta ahora, más de 8 mil firmas notariadas de ñuñoinos inscritos en los registros electorales de la comuna, de las 12 mil necesarias para obligar al alcalde a llamar a un plebiscito comunal. Sin embargo, la ley no permite su celebración en el mismo año en que se realiza una elección popular.
En vista del actual escenario electoral de la comuna, y en el entendido que aquellos que postulan a cargos de representación popular municipal, deben dar garantías de un real compromiso ante sus electores respecto a las principales problemáticas locales de la comuna, la RED CIUDADANA POR ÑUÑOA decidió hacer un llamado, a los candidatos a alcaldes como a concejales, sin distinción de color político, para que se pronuncien claramente frente a la ruptura social y urbana de Ñuñoa, producida por la agresiva embestida del sector inmobiliario en los barrios de la comuna, impulsada por el propio alcalde Sabat.
Para ello, se hizo llegar a los diferentes candidatos al municipio de Ñuñoa, una carta solicitando firmar, en un plazo de una semana, un compromiso solemne ante la comunidad ñuñoina para que como primera tarea al ser electos, convocaran a un plebiscito comunal, según las facultades que otorga la ley a los alcaldes o a los dos tercios de los integrantes del Concejo Municipal, y en los mismos términos como lo ratificaran los 8 mil ñuñoinos con su firma ante notario.
El resultado mostró claramente quienes están por abrir reales canales de participación ciudadana en la futura gestión del gobierno local y aquellos sectores que se resisten todavía a incorporar estas necesarias prácticas democráticas en la forma de gobernar una comuna, como es el caso del actual alcalde Sabat, que hoy aspira a ser reelegido junto a sus concejales Claudia Vera, Andrés Zarhi y Gerardo Monckeberg, los cuales han apoyado incondicionalmente su cuestionada gestión edilicia.
Los demás candidatos de la Alianza Por Chile, simplemente no contestaron al llamado, así como ninguno de los candidatos del Partido Regional Independiente, PRI.
Tampoco obtuvimos respuesta del candidato a la reelección de la Democracia Cristiana y ahora concejal Jaime Castillo, quien ha sido un acérrimo aliado de Sabat al defender los intereses de la Industria Inmobiliaria.
De esta forma se abre un camino esperanzador para los miles de ñuñoinos que hemos visto mermadas nuestras libertades frente a la gestión autoritaria del alcalde Sabat, quien se ha impuesto en el sillón de la alcaldía a costa de populismo y mal uso de los recursos fiscales de la comuna, como hoy se conoce públicamente.

OJO VECINOS, ESTOS CANDIDATOS FIRMARON POR UN PLEBISCITO QUE ASEGURE EL FUTURO DE ÑUÑOA:

•Danae Mlynarz, PS
•Maya Fernández; PS
•José Piga, PS
•Eduardo Gamboa, PS
•Aída Martínez, PS
•Pablo Vergara, PPD
•Yani Auth, Ind. PPD
•Paula Guerrero, PR
•Eva Jiménez, PDC
•Ricardo Barton, PDC
•J. Carlos Vistoso, IC
•Manuel Guerrero, NI
•Camilo Guzmán, PC
•Danae Prado, PC
•Natalia Sobarzo, PH
•Juan Carlos Gálvez, PH
•Mónica Acevedo, PH
•Gloria Mujica, PH

LES COBRAREMOS LA PALABRA
RED CIUDADANA POR ÑUÑOA

La Red Ciudadana Por Ñuñoa llama a los candidatos en la contienda municipal de Ñuñoa a pronunciarse sobre convocatoria a plebiscito comunal

DECLARACION PÚBLICA

Octubre de 2008

La Red Ciudadana Por Ñuñoa ha sido pionera en la comuna de Ñuñoa en levantar una movilización ciudadana en defensa de su calidad de vida frente a la destrucción de su marco urbano tradicional, tras la imposición de políticas urbanas municipales permisivas, las que han dejado exclusivamente en manos de la especulación inmobiliaria el destino del territorio y de la población de la comuna.
Dicho fenómeno de mercantilización del desarrollo urbano no es privativo de la comuna de Ñuñoa, sino que es expresión directa de la férrea aplicación de la doctrina neoliberal de mercado en el país, implantada desde los años del gobierno militar y en total vigencia hoy, tras casi 20 años de democracia.
Lamentablemente para Ñuñoa, este sino destructor la ha golpeado más fuerte que a otras comunas de Santiago, pues dicho proceso mercantil subyace de un plan prediseñado por el actual alcalde Pedro Sabat, cuando fuera designado por Pinochet al mando de la comuna, entre los años 1987 y 89.
Allí, desde su cargo de alcalde, Sabat implementa un nuevo Plan Regulador Comunal destinando más del 60% del territorio de la comuna a la inversión inmobiliaria, una vez que las condiciones de la economía chilena así lo permitieran.
De esta forma, se establecen entre el alcalde designado, las inmobiliarias y sectores políticos ligados a la dictadura, fuertes lazos que sustentarían más tarde el retorno de Sabat y su círculo al poder de la comuna, esta vez por la vía de las elecciones, durante 3 mandatos seguidos.
Las gestiones del alcalde Sabat han estado marcadas por un sello personalista, autoritario y de fuerte asistencialismo hacia los sectores más humildes de la población de Ñuñoa, para asegurar así su reelección, utilizando para ello las arcas municipales para su proselitismo personal. Asuntos que recién comienzan a salir a la luz pública, y que hoy son objeto de investigación por la justicia penal.
Durante los 10 años que vinieron, entre 1996 y 2006, Sabat liberalizó aun más los instrumentos de planificación urbana de la comuna. En el año 2002 declara a 3 barrios tradicionales de bajos recursos como Zonas de Renovación Urbana (ZRU), para entregarlos al mercado inmobiliario. En el 2004, hace aprobar el Seccional Irarrázaval, que permite la edificación sin límites en una franja de 6 kilómetros, que atraviesa la comuna de oriente a poniente, con un ancho de 4 manzanas.
Si bien en los años anteriores veíamos despuntar algunos edificios en la comuna, es a partir del año 2005 que los ñuñoinos constatamos con horror como comenzaban a caer barrios enteros para la construcción de altas torres de departamentos.
Pese a la desproporcionada correlación de fuerzas con los intereses económicos tras los cuales se funda la especulación inmobiliaria, algunos vecinos de la comuna decidimos formar una agrupación ciudadana, trasversal e independiente de todo partido político, en defensa de nuestro marco de vida, para intentar poner freno a lo que llamamos “la masacre urbana de Ñuñoa”.
La lucha de la Red Ciudadana Por Ñuñoa marcó un antes y un después en lo que ha sido el despertar ciudadano frente al autoritarismo del alcalde Sabat, quien ha hecho uso y abuso del poder que le confiere su cargo, para devastar a su antojo el patrimonio urbano y social de la comuna, sin mediar para ello planificación alguna que regule la violenta explosión demográfica tras la irrupción de más de 400 torres de departamentos y su nefasto impacto sobre las redes viales, sanitarias, de servicios, el equipamiento local y los espacios públicos.
Es así como desde principios del año 2006, la Red ha producido en el seno de la comunidad ñuñoina, una ascendente toma de conciencia en torno a la defensa de su calidad de vida, la que se ha expresado a través de masivas protestas callejeras y asambleas ciudadanas, en contra de las políticas fácticas del alcalde.
Para contrarrestar el incontenible descontento ciudadano y la grave merma a su imagen pública, Sabat se ve obligado a proponer a fines del año 2006, una modificación al Plan Regulador Comunal (PRC), que según sus propios términos “frenaría la destrucción de los barrios tradicionales y la sobre población de la comuna”.
Sin embargo, no fue difícil descubrir que tras las supuestas buenas intenciones del alcalde, se encubría un nuevo engaño para los ñuñoinos, pues dicha propuesta sólo buscaba sumar nuevas sectores a la especulación inmobiliaria en los bordes de la comuna, luego que terminara por diezmar el patrimonio construido de los barrios centrales.
Fueron 625 las cartas firmadas por más de 2.600 vecinos con observaciones a la propuesta del PRC, ingresadas formalmente ante el Concejo Municipal. Nunca en la historia de la comuna se había producido tal participación ciudadana en los procesos de planificación urbana local.
Pero ello no bastó, sólo 10 de esas observaciones fueron parcialmente discutidas en el seno del Concejo. El resto fue rechazado de plano por la asesoría urbana del alcalde. Sin embargo, la mayoría del Concejo Municipal optó igualmente por dar curso al proceso de aprobación del PRC, pese a las flagrantes trasgresiones a los escasos derechos ciudadanos de los ñuñoinos, consignados en la legislación vigente.
En vista de ese desolador panorama y como única salida posible para frenar la definitiva destrucción urbana y social de comuna, la Red Ciudadana Por Ñuñoa resuelve tomar el complejo camino de convocar a un plebiscito comunal desde la ciudadanía, en julio de 2007, que obligue a modificar el PRC en todo el territorio de la comuna a una altura máxima de 4 pisos, de tal forma de obtener en rigor, un congelamiento de los futuros permisos de edificación mientras se discute en forma participativa y democrática, un nuevo PRC para Ñuñoa.
La legislación chilena es mezquina respecto a las prerrogativas ciudadanas de participación, incluso en materias que la conciernen tan directamente, como lo son el tipo de barrio, comuna o ciudad en la que desean vivir, oponiendo todo tipo de dificultades para que la ciudadanía se pronuncie en forma vinculante.
De esta forma, la ley de plebiscitos comunales obliga a la ciudadanía para convocarlo, a obtener el 10% del padrón electoral comunal en firmas notariadas, lo que en el caso de Ñuñoa corresponde a 12.000. Proceso que debe ser asumido única y exclusivamente por sus convocantes, sin existir ningún sustento financiero del Estado.
Tras un cálculo simple en el caso de Ñuñoa, ello tiene un costo neto de más de 6 millones de pesos sólo en gasto de notaría, ($500 X 12.000 firmas), sin estimar los costos en difusión, propaganda y en voluntarios disponibles en puestos callejeros durante 5 meses, a lo menos.
Pero, pese a todas esas dificultades, la Red Ciudadana Por Ñuñoa logra obtener 8 mil firmas en un plazo de 4 meses tras un titánico esfuerzo diario, lo que indica la gran capacidad de los ñuñoinos por hacerse cargo y parte de los procesos históricos y sociales de su comuna.
La convicción con que la Red asumió ese desafío, develó ante la comunidad ñuñoina, la certeza de que sí es posible doblegar un sistema abusivo y antidemocrático, pues justamente ese poder omnímodo se desbarata a la hora de someterse al veredicto popular. Por ello, estamos ciertos que será la gran mayoría de los ñuñoinos los que se pronunciarán a favor de poner un freno definitivo a la masacre urbana de la comuna, a través de un plebiscito comunal.
Es innegable que hoy Ñuñoa ya no es la misma de hace 4 años. Los ñuñoinos y las ñuñoinas hemos crecido y recuperado en gran parte, nuestra dignidad colectiva.
Por ello, en este nuevo contexto social de la comuna, en que la Red Ciudadana Por Ñuñoa ha tenido un rol relevante, se proyecta hoy un especial escenario para aquellos sectores políticos que cifran expectativas electorales de recambio en la actual contienda municipal, para el próximo mandato del gobierno local de Ñuñoa.
Porque esta vez los ñuñoinos estamos alertas e informados respecto a nuestros derechos ciudadanos y no dispuestos a entregar nuestra confianza a candidatos que no asuman verdaderos y consecuentes compromisos respecto a los problemas que más nos aquejan, tales como la destrucción urbana de nuestros barrios, el deterioro de la calidad de vida y la falta de participación ciudadana local en la toma de decisiones de la comuna.
Por ello, confiamos también que en los próximos comicios municipales, los más amplios sectores de la comunidad ñuñoína, hará uso de sus facultades democráticas para castigar con su voto a aquel y aquellos que han dilapidado tan brutalmente el patrimonio fiscal, urbano y social de la comuna, desde sus cargos edilicios.
La traumática experiencia vivida en Ñuñoa, tras el verdadero saqueo de nuestros barrios, nos ha enseñado a ser firmes y claros. Por ello queremos ser representados al frente del gobierno local por aquellos que pongan de verdad en el centro de su quehacer una gestión política participativa y ampliamente democrática, fundada en una estrecha representación de la ciudadanía, en pos de la construcción de un proyecto común, para y con los habitantes de Ñuñoa.
Por ello es que llamamos a todos aquellos candidatos a alcalde como a concejal, a asumir un profundo compromiso hacia los más amplios y trasversales sectores de vecinos y vecinas de Ñuñoa, que claman por frenar definitivamente la irracional e irresponsable destrucción de sus barrios.
No permitiremos que se postergue más la deuda con la inmensa mayoría de los habitantes de Ñuñoa, quienes gozábamos hasta hace muy poco, del legado cultural y social que nos dejaran las anteriores generaciones, al concebir una comuna sustentable y a escala humana.
Por cuanto, la Red Ciudadana Por Ñuñoa, en nombre de los más de 8.000 ñuñoínos que han firmado ante notario para convocar a un plebiscito comunal que detenga la masacre urbana de Ñuñoa, llama a los actuales candidatos en la contienda municipal a comprometerse solemnemente con los ñuñoinos, para que como primera tarea, tras asumir sus cargos de representación popular, convoquen a un plebiscito comunal, en los términos como ha sido legitimado por la inmensa mayoría de los ñuñoinos, según las facultades que otorga la ley a los alcaldes o a los dos tercios de los integrantes del Consejo Municipal.
Por nuestra parte, nos comprometemos a difundir públicamente dicho compromiso asumido ante la comunidad ñuñoina, por los candidatos y candidatas al gobierno local de Ñuñoa, durante la campaña electoral.

RED CIUDADANA POR ÑUÑOA
www.redciudadanapornunoa.cl

redciudadanapornuno@gmail.com

Otro chanchullo más del ex ministro Ravinet…

El Mostrador

3 de Enero del 2007

Práctica recurrente en Santiago centro
Contraloría pone lápida a resquicio de inmobiliarias para viviendas sociales...
por Claudia Urquieta Chavarría

A vista y paciencia del Minvu, empresas aprovecharon un mecanismo que les permitió construir edificios bajo esta calificación, lo que representó un excelente negocio: diseñaban torres ''normales'', con menos estacionamientos que los exigidos regularmente, obteniendo ventajas tributarias y vendiendo a precios para nada sociales.

Cientos de habitantes de la comuna de Santiago viven en viviendas sociales. Lo paradójico, es que lo desconocen. Los que obviamente sí lo saben son las inmobiliarias encargadas de la construcción de los edificios y, en base a un resquicio legal, hicieron posible un lucrativo negocio y sin mayor esfuerzo se dedicaron a construir viviendas sociales, eso sí que a precios "normales".

El vacío en el que se ampararon se produjo gracias a una modificación realizada en junio de 2001, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a cuya cabeza se encontraba Jaime Ravinet (DC), modificó la definición de "vivienda social" asociada a "vivienda económica" en la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con la eliminación -vía decreto- de la expresión "vivienda destinada a resolver los problemas de la marginalidad habitacional", que además aumentó su valor de tasación máximo de 400 UF a 520 UF.

De esta forma, se construyeron torres en el centro de la ciudad bajo la modalidad de "vivienda social" que liberaron a los titulares de los proyectos de construir los estacionamientos para los vehículos exigidos por la regulación del Plan Regulador de la Municipalidad de Santiago y, además, les permitieron obtener ventajas tributarias.

Sin embargo, en la práctica las construcciones no tenían nada de sociales, salvo el reducido tamaño -que llega incluso a los 26 m2- y su valor de tasación, que no superaba las UF 520 mínimas para caer dentro de esta categoría, aunque luego eran vendidas por valores que oscilaban entre UF 800 y UF 2000, lo que deja en claro que su destino no era precisamente resolver los problemas de marginalidad habitacional.

Responsabilidad del Minvu
Los dardos de quienes denunciaron la situación –la Fundación Defendamos la Ciudad y el senador Nelson Ávila (PRSD)- apuntan al Minvu, al que señalan como responsable de considerar como viviendas sociales inmuebles que en definitiva no lo son. Y paralelamente de ejercer presiones sobre las Direcciones de Obras Municipales de Santiago.

No es menor que el propio alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, enviara una carta a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, en mayo de 2007, donde se refería al incremento experimentado en la construcción de condominios de "viviendas sociales" -que a su parecer deterioraban la calidad de vida de los habitantes-.

Además, destacó que frente a las exigencias de la Dirección de Obras Municipales para certificar la calidad de vivienda social de diversas construcciones, la División de Desarrollo Urbano del Minvu había sido "enfática" en sus instrucciones, subrayando la necesidad de atenerse "estrictamente a las disposiciones y procedimientos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, respecto de dicha certificación; debiendo a petición del interesado certificar tal calidad en cualquier momento de tramitación de un proyecto".

Por otra parte, el edil aseguraba que las modificaciones realizadas a la Ordenanza General, "otorgan mayor flexibilidad a los proyectos inmobiliarios para construir unidades habitacionales extremadamente pequeñas, incentivando finalmente a un desmesurado aumento de las densidades".

El freno de la Contraloría Frente a la situación, denunciada a la Contraloría por Ávila y Defendamos la Ciudad, ésta se pronunció a su favor el pasado 21 de diciembre, explicando que al precisarse la categoría especial denominada "vivienda social", se buscaba afrontar los problemas habitacionales que padecen los sectores más desposeídos de la población, labor asignada al Minvu, que "debe exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que la ley exige para considerar una vivienda como social, entre ellos que esté destinada a la solución de la marginalidad habitacional".

En este sentido, detalló que la modificación legal que omite considerar la función que debe cumplir la vivienda social, en cuanto a la marginalidad habitacional, "no ha tenido la virtud de eliminar dicho requisito".

Por otra parte, el documento detalla los requisitos para certificar que un inmueble pueda ser calificado como vivienda social, entre los que se cuentan justamente que esté destinado a resolver los problemas de marginalidad habitacional y que su valor de tasación no sea superior a 400 UF, salvo que se trate de condominios de viviendas sociales, en cuyo caso podrá incrementarse hasta en 30% (520 UF).

En este sentido, la Contraloría especificó que "los directores de obras deberán constatar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos mencionados en el cuerpo de este oficio para certificar la circunstancia de que un determinado inmueble tiene el carácter de vivienda social…Lo expuesto será aplicable a todas las actuaciones efectuadas desde la fecha de este pronunciamiento a objeto de que no sean afectados derechos adquiridos".

EL APARATO AUTORITARIO...si lo dice uno de los fundadores de la concertación, qué nos queda?

14 de Diciembre del 2007

Esteban Valenzuela Van Treek,

Diputado ex PPD, Chile Primero-Rancagua

Se creen el Estado, como el Rey Sol.

Recuerdan la Junta Militar de los martes,

pero se reúnen los lunes,

con el humor negro del Almirante Merino.

El aparato habla de ciudadanía, pero ama el control.

Teme la elección de los gobiernos regionales,

tiene pesadillas con el federalismo.

Convirtió el arco iris en un claroscuro,

olvidó el ideal democrático de la dispersión del poder.

Reconocía en dictadura que había “duros” y “blandos”,

en democracia detestan a “díscolos”, “críticos” y “disidentes”.

El que se aparta recibe el epíteto de “derechistas”.

Mientras corren a los cenáculos del poder

no acatan los fallos de la Dirección del Trabajo,

y no se atreven a corregir el modelo

de la desigualdad estructural.

Tienen listas para todos los cargos.

Les gusta nominar intendentes, seremis, asesores.

Que no se muevan las hojas sin que ellos sepan,

para eso están también las listas negras.

Defienden y admiran el gigante chino.

Se escondieron para no saludar al Dalai Lama,

no conocen de la democracia en Taiwán,

son la real política, cruda y dura.

Ya no hablan de la inscripción automática de los jóvenes,

ni cambiar el binominal.

La calculadora funciona y la ética se disipa.

Gobernaban con las encuestas en la mano,

ahora piensan que están mal hechas,

que el pueblo se equivoca,

que ya volverán los buenos tiempos.

El aparato perdió capacidad de asombro,

no le entran balas, la corrupción “no sería para tanto”,

las pandillas serían un invento.

Los señores del aparato reparten cheques

como si fueran de ellos,

no entiende el mal del clientelismo,

el secuestro del alma nacional.

Olvidaron las palabras autonomía y emprendimiento.

El aparato prometió, pero no creó gobiernos metropolitanos,

y ahora tiene insomnios con el Transantiago.

El aparato quiere hacerlo todo,

ojalá sustituir la sociedad, los municipios,

las regiones, los movimientos.

Confunden lealtad con disciplina ciega,

evaden el verbo discernir,

empieza a incomodarle el parlamento,

ese es un síntoma de una enfermedad degenerativa.

El aparato vive del pasado, no lo atrapa el futuro.

Pero el pasado es débil en la era digital,

y los vientos mueven el agua al fin del mundo.