Organizaciones ciudadanas proponen radicales cambios en la legislación para que en Chile, a través de la institución del plebiscito y otras fórmulas democráticas, exista la participación ciudadana en las políticas públicas.
(Santiago, Domingo 21 de Octubre de 2007). A raíz del desenlace que está teniendo el polémico plebiscito en Vitacura, diversas organizaciones de la sociedad civil informada, proponen a los más altos dirigentes de la clase política que asuman sus responsabilidades en la necesaria tarea de democratizar la gestión en el ámbito de las decisiones en materia de Vivienda, Urbanismo, Patrimonio Histórico, Transporte, Obras Públicas, Telecomuniciones y Medio Ambiente, para que Chile se pueda situar a la altura de los países en donde impera en plenitud el Estado de Derecho. Este cambio en las estructuras legales se hace aún más necesario, ya que nuestro país pretende incorporarse al selecto grupo de 30 países civilizados que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las organizaciones firmantes declaran que sería una burla a la mediana inteligencia que la OCDE vaya a aceptar a Chile en su seno, si no se producen, en nuestro país, los cambios institucionales requeridos.
Desde marzo de 1990 estamos regidos por gobiernos elegidos por el pueblo, pero los distintos gobernantes, a pesar de que en sus discursos hablan de "gobiernos ciudadanos", "participación ciudadana", "escuchar a la gente" y otras expresiones de buen tono, en la práctica han demostrado no confiar en sus mandantes, relegándolos a ser meros instrumentos que emiten el voto cada 4 años. Y esta fundada crítica la hacemos extensiva a los políticos de la Oposición, quienes también se comportan como una cofradía de amigos personales cuyo único objetivo es acceder al gobierno.
Es una vergüenza el espectáculo que se observa en materia de ciudad, en donde ciertos alcaldes inmobiliarios hacen sus propios negocios y a la vez proponen y deciden cambios en las normativas de uso de suelo y especificaciones en los niveles de edificación en los distintos sectores de sus comunas : es decir, son jueces y parte a la misma vez. Hemos constatado el desenfado del Minvu, servicio del Estado absolutamente cooptado por los intereses inmobiliarios, que a cada rato está modificando el marco regulatorio (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) para viabilizar actividades de negocios no permitidas y cuya autoridad competente incluso, temerariamente, se atrevió a manifestar por escrito que el plebiscito convocado por los vecinos de Vitacura no era posible (sic). Afortunadamente la Contraloría General de la República puso las cosas en su lugar y este acto eleccionario se materializará entre Marzo y Abril del 2009.
Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad señaló "nuestro sistema político está divorciado de la ciudadanía porque sus integrantes son profesionales cuya motivación es hacer carrera en los distintos niveles de la Administración centralizada y en las municipalidades. El instrumento para ello son las maquinarias de los partidos políticos y el punto de partida son los llamados operadores de bajo rango. Cuando ascienden, ya son parte de la hermandad y cuando llegan a posicionarse bien, son los mismos que van de un puesto a otro, e incluso existen numerosas familias, cuyos integrantes se desempeñan aquí y allá. Cuando sus actuaciones han sido cuestionables los envían como diplomáticos al extranjero y después de algunos años llegan en gloria y majestad, aprovechándose de la mala memoria de los chilenos.
El sistema municipal está erosionado y no puede seguir funcionado igual, razón por la cual, se hace urgente una reingeniería mayor, de tal forma que terminemos con los alcaldes designados en las cúpulas de los partidos políticos y con concejales que no fiscalizan, porque actúan con criterios corporativistas. Los Concejos Municipales cada día se parecen más a las Corporaciones de Socorros Mutuos que a cuerpos colegiados que buscan el bien común. Los hemos visto recibiendo a consorcios económicos que desean cambios urbanísticos en ciertos sectores para poder ejecutar sus proyectos y cuando las decisiones ya están tomadas se hace la faramalla de consultar a los vecinos. Es de esperar que la casta política entienda, de una vez por todas, que ella actúa por delegación de los votantes y que urge se ponga a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Debemos terminar con el trasnochado autoritarismo que nos corroe y así transformar a nuestra patria en un país en donde el progreso vaya acompañado del respeto que se merecen todos aquellos que aquí vivimos.”
Gonzalo Benavente, de Salvemos Vitacura dijo "El verdadero "via crucis" que le ha tocado vivir a los vecinos de Vitacura demuestra que los Derechos Ciudadanos no son más que un argumento populista manoseado durante las campañas municipales. A la hora de su ejercicio y defensa, la autoridad actúa como si sus electores no tuvieran opinión, peor aún pone en funcionamiento todo un aparato comunicacional para silenciar todas las voces contrarias a suspropósitos.Los que hemos tenido que cumplir los exigentes requisitos establecidosen la Ley para ejercer estos derechos, al menos en lo que se refiere alos plebiscitos municipales, podemos decir fehacientemente que másparecen un obstáculo que una vía de expresión y resolución deconflictos. La voluntad del legislador aparece más inclinada arestringir la participación ciudadana en los temas de mayor relevanciaque a fomentarla.
Es necesario establecer como exigencia que la planificación urbana y másespecíficamente los cambios a los planos reguladores, en lo que serefiere a condiciones de edificación y uso de suelos, sean aprobados sólopor medio de plebiscitos comunales. La actual normativa que entrega estapotestad al Concejo Comunal deja la comuna a merced de la especulacióninmobiliaria.”
Verónica Adrián, de la Red Ciudadana por Ñuñoa manifestó “En Ñuñoa, los vecinos organizados hemos experimentado en la práctica la limitada, o casi nula posibilidad de plantear posiciones contrarias a las políticas municipales.
Hace casi 2 años que la Red Ciudadana Por Ñuñoa lucha por intentar frenar la destrucción de los barrios consolidados de la comuna, haciendo uso de los recursos que la legislación vigente pondría a disposición de la ciudadanía. Pero hemos constatado, más allá del omnímodo poder que poseen los alcaldes para imponer sus propias doctrinas, la total inexistencia de un aparato político institucional que regule y sancione el descarado juego de intereses en que hoy se han convertido las ciudades, donde el poder del dinero lidera por lejos.
La única arma que nos queda a los ciudadanos, en vista de la gran tragedia que viven hoy nuestras ciudades, es tomar a cargo la incierta cruzada de convocar a plebiscito comunal dentro del marco legal vigente, el que opone casi insalvables trabas administrativas, financieras como vaguedades en la interpretación de la ley, a los que nos atrevemos a desafiar el actual sistema neoliberal del país.
Por ello, hacemos un urgente llamado a los más amplios sectores políticos y de la sociedad civil para producir cambios de fondo a la antidemocrática y añeja legislación que posee el país, la que no se condice con la imagen de desarrollo con la que se pavonean sus autoridades internacionalmente.”
Por su parte, Moisés Scherman, también miembro de La Red Ciudadana por Ñuñoa agregó: “Hemos sufrido la falta de democracia y de mecanismos de participación ciudadana desde los inicios de nuestra organización, con la solicitud de Audiencia Pública que presentamos en Abril del año pasado y para que decir, durante todo el proceso de modificación al PRC, impulsado por el Alcalde Pedro Sabat.
Es por ello que ya tomamos la iniciativa de hacer llegar nuestra voz al poder legislativo para trabajar conjuntamente en desarrollar las acciones necesarias que permitan derribar las barreras a la Participación Ciudadana que hoy día existen en Chile, al amparo de la legislación vigente y la necesidad de realizar una cirugía mayor a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Nuestra propuesta ha sido acogida por un grupo de diputados y en una primera etapa, nos encontramos abocados a la elaboración de un proyecto de ley para modificar el articulado referente a los Plebiscitos Comunales de la LOC de Municipalidades, el que esperamos sea presentado a la brevedad, en el seno de la Cámara baja.”
Edgardo Condeza, del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos expresó "Chile vive una semi democracia.
Si se compara nuestra nación y el ejercicio democrático de naciones de Sur América y del Hemisferio Norte estamos muy atrasados en el ejercicio de la democracia. ¿A usted como ciudadana, como ciudadano le han preguntado alguna vez, sobre las Reformas a la Salud, a la Educación o a la Previsión…? Existen muchas formas de participación. La más importante y necesaria: es que los ciudadanos tengan el derecho a decidir aquellos temas que afectan esencialmente sus vidas, como los arriba mencionados ¿Si se hubiera consultado a los ciudadanos el diseño, la aplicación del Transantiago: se habría presentado este desastre? Cuando elegimos una Presidenta, Parlamentarios, Alcaldes o Concejales: estamos eligiendo representantes de las y los ciudadanos. Estamos eligiendo servidores públicos. Ellos tienen el deber: de consultar a los representados los temas esenciales que afectan la existencia de toda la ciudadanía. El derecho al Plebiscito o Consultas Ciudadanas es un derecho inmanente a la naturaleza del ser humano. No es una concesión de los representantes o servidores públicos. Es su deber.¿Que ha hecho Nuestro Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos para avanzar hacia una democracia participativa?
Hemos realizado 35 Consultas Ciudadanas: en Santiago, Viña del Mar, Chillán, Los Ángeles, Concepción, etc. La última en Lota. La próxima: colaboraremos para realizar una Plebiscito con la Municipalidad de Antofagasta. En estas Consultas han sufragado 249.104 personas. Ellas han debido votar, obligatoriamente, con su carné de identidad y firmando el registro correspondiente. Ello se ha traducido en un enorme proceso de Educación Cívica. En algunas oportunidades han sido determinantes en el cambio de la decisión de los representantes. El objetivo principal del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, es que el plebiscito quede claramente establecido en la Constitución y la Ley. Que pueda ser convocado institucionalmente por los ciudadanos y que su resultado sea vinculante. “
Víctor García, de Defendamos Plaza Las Lilas acotó: “Resulta grotesca la forma en que ciertos funcionarios públicos, que debieran trabajar por los intereses de la comunidad, logran aprovecharse de su ventajosa posición. Tal es el caso del Director de Obras Municipales de Providencia quién, faltando a lo indicado por la Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza, otorga Permisos de Edificación que no se acogen a la reglamentación. Negando, posteriormente, su conocimiento a la comunidad interesada.
Es necesario recordar que la Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza instruyen sobre la obligatoriedad de exponer estos documentos a la comunidad y que, pese a esto, el mentado Director de Obras ha solicitado, reiteradas veces, el permiso de las Constructoras para exponer a público estos antecedentes. Yo me pregunto ¿quién manda a quién?
Finalmente deseo terminar con las palabras de nuestra Presidenta de la República, quién manifestó en Italia que "factores que afectan a la calidad de la democracia como la falta de transparencia, la corrupción y las mafias provocan la apatía de la población hacia los políticos, por lo que los líderes debemos estar más atentos a estos factores y ser más cercanos a la gente".
Mariel Sagredo, del Comité de Desarrollo y Protección de Villa Portales indicó "En Villa Portales, hito arquitectónico a nivel mundial, hemos vivido una clara muestra del autoritarismo, proveniente del Ministerio de la Vivienda.A nuestro sector llegó el "Programa Quiero mi Barrio" porque nos seleccionaron como uno de los 200 barrios para recuperar en todo el país.
Sin embargo, y siendo la participación la esencia de este Programa, el equipo gubernamental apareció con los programas listos, los cuales no apuntan a las reales necesidades de los vecinos. Más bien cubren intereses del Proyecto de Plan Regulador de Estación Central, a través de recursos que se entregarían para hacer calles en nuestra villa, tal como lo propone el Municipio, seguramente pensando en hacer un loteo de nuestras 31 hectáreas que hoy valen 150 millones de dólares, mañana quién sabe cuánto.
Además, los recursos aparecen sobredimensionados para los proyectos, por ejemplo, nos ofrecieron construir una plaza por 600 millones de pesos, seguramente la plaza más cara de Chile y un Paseo, por 900 millones.
Nuestra reales necesidades tienen que ver con arreglo de los ductos de gas para que no se siga muriendo gente en nuestra Villa intoxicada por las emanaciones; con ascensores para edificios, de seis y siete pisos, ya que la tercera edad no puede bajar las escaleras; con evaluaciones estructurales de los edificios y posteriores arreglos; con canchas; áreas verdes; veredas; iluminación; etc. El Programa destina cinco mil millones a proyectos creados por burócratas y que no tienen a la gente como su verdadero norte.”
Rosario Carvajal, de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay declaró:
“Como vecinos que vivimos en un sector tradicional del centro de Santiago, denunciamos el irrespeto que observamos en nuestro barrio por las políticas depredadoras del Ministerio de la Vivienda. Da la impresión que lo único que les interesa es construir torres de dudoso gusto a como dé lugar en donde se pierde el sentido de barrio”
Ana María Medina, de la Coordinadora Vecinal La Reina aseveró: “el Alcalde Luís Montt, no escucha a los vecinos, y les niega cualquier participación real en el diseño de la comuna que queremos, su estilo autoritario incluso a dificultado el funcionamiento del Concejo Municipal.
Su gestión urbanística ha estado marcada con el proyecto de concretar una modificación al Plan Regulador Comunal, en que los grandes beneficiados serían los grupos inmobiliarios y los grandes perjudicados serían la mayoría de los vecinos, porque perderán su calidad de vida, al permitirse la construcción de edificios en altura, originando mayores densidades, dañando el paisaje urbanístico y su identidad como una comuna verde y amable.
Por ejemplo, entre otros “proyectos”, nos preocupa también algunos compromisos que pudiesen haberse acordado con algunas grandes empresas comerciales, con el objetivo de aumentar el porcentaje de constructivilidad para la instalación de un mega mall intercomunal, en vez de un centro comercial que atendiera la demanda a escala vecinal, paradójicamente, sin consulta previa a los vecinos. Este proyecto de construcción sería en una de las vías de acceso más importantes de la comuna, como es Av. Larraín con Américo Vespucio, lo que generará más atochamientos vehiculares, mayor contaminación ambiental y acústica.
Cabe hacer presente que el año 2006, el alcalde inició otro proceso de modificación al plan Regulador con el mismo objetivo de beneficiar a los grupos inmobiliarios pero gracias a la movilización y al rechazo masivo de los vecinos, se vio obligado a retirar dicho proyecto, originando el surgimiento de esta Coordinadora vecinal.
Es imprescindible iniciar un gran movimiento ciudadano que exija a la clase política que legisle la obligación de que toda modificación al plan regulador debe ser plebiscitada.”
En síntesis, todos los representantes de estas organizaciones ciudadanas esperan que se produzcan los cambios legislativos necesarios para que en un tiempo más se pueda asegurar que en Chile vivimos en una plena democracia.
(Santiago, Domingo 21 de Octubre de 2007). A raíz del desenlace que está teniendo el polémico plebiscito en Vitacura, diversas organizaciones de la sociedad civil informada, proponen a los más altos dirigentes de la clase política que asuman sus responsabilidades en la necesaria tarea de democratizar la gestión en el ámbito de las decisiones en materia de Vivienda, Urbanismo, Patrimonio Histórico, Transporte, Obras Públicas, Telecomuniciones y Medio Ambiente, para que Chile se pueda situar a la altura de los países en donde impera en plenitud el Estado de Derecho. Este cambio en las estructuras legales se hace aún más necesario, ya que nuestro país pretende incorporarse al selecto grupo de 30 países civilizados que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las organizaciones firmantes declaran que sería una burla a la mediana inteligencia que la OCDE vaya a aceptar a Chile en su seno, si no se producen, en nuestro país, los cambios institucionales requeridos.
Desde marzo de 1990 estamos regidos por gobiernos elegidos por el pueblo, pero los distintos gobernantes, a pesar de que en sus discursos hablan de "gobiernos ciudadanos", "participación ciudadana", "escuchar a la gente" y otras expresiones de buen tono, en la práctica han demostrado no confiar en sus mandantes, relegándolos a ser meros instrumentos que emiten el voto cada 4 años. Y esta fundada crítica la hacemos extensiva a los políticos de la Oposición, quienes también se comportan como una cofradía de amigos personales cuyo único objetivo es acceder al gobierno.
Es una vergüenza el espectáculo que se observa en materia de ciudad, en donde ciertos alcaldes inmobiliarios hacen sus propios negocios y a la vez proponen y deciden cambios en las normativas de uso de suelo y especificaciones en los niveles de edificación en los distintos sectores de sus comunas : es decir, son jueces y parte a la misma vez. Hemos constatado el desenfado del Minvu, servicio del Estado absolutamente cooptado por los intereses inmobiliarios, que a cada rato está modificando el marco regulatorio (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) para viabilizar actividades de negocios no permitidas y cuya autoridad competente incluso, temerariamente, se atrevió a manifestar por escrito que el plebiscito convocado por los vecinos de Vitacura no era posible (sic). Afortunadamente la Contraloría General de la República puso las cosas en su lugar y este acto eleccionario se materializará entre Marzo y Abril del 2009.
Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad señaló "nuestro sistema político está divorciado de la ciudadanía porque sus integrantes son profesionales cuya motivación es hacer carrera en los distintos niveles de la Administración centralizada y en las municipalidades. El instrumento para ello son las maquinarias de los partidos políticos y el punto de partida son los llamados operadores de bajo rango. Cuando ascienden, ya son parte de la hermandad y cuando llegan a posicionarse bien, son los mismos que van de un puesto a otro, e incluso existen numerosas familias, cuyos integrantes se desempeñan aquí y allá. Cuando sus actuaciones han sido cuestionables los envían como diplomáticos al extranjero y después de algunos años llegan en gloria y majestad, aprovechándose de la mala memoria de los chilenos.
El sistema municipal está erosionado y no puede seguir funcionado igual, razón por la cual, se hace urgente una reingeniería mayor, de tal forma que terminemos con los alcaldes designados en las cúpulas de los partidos políticos y con concejales que no fiscalizan, porque actúan con criterios corporativistas. Los Concejos Municipales cada día se parecen más a las Corporaciones de Socorros Mutuos que a cuerpos colegiados que buscan el bien común. Los hemos visto recibiendo a consorcios económicos que desean cambios urbanísticos en ciertos sectores para poder ejecutar sus proyectos y cuando las decisiones ya están tomadas se hace la faramalla de consultar a los vecinos. Es de esperar que la casta política entienda, de una vez por todas, que ella actúa por delegación de los votantes y que urge se ponga a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Debemos terminar con el trasnochado autoritarismo que nos corroe y así transformar a nuestra patria en un país en donde el progreso vaya acompañado del respeto que se merecen todos aquellos que aquí vivimos.”
Gonzalo Benavente, de Salvemos Vitacura dijo "El verdadero "via crucis" que le ha tocado vivir a los vecinos de Vitacura demuestra que los Derechos Ciudadanos no son más que un argumento populista manoseado durante las campañas municipales. A la hora de su ejercicio y defensa, la autoridad actúa como si sus electores no tuvieran opinión, peor aún pone en funcionamiento todo un aparato comunicacional para silenciar todas las voces contrarias a suspropósitos.Los que hemos tenido que cumplir los exigentes requisitos establecidosen la Ley para ejercer estos derechos, al menos en lo que se refiere alos plebiscitos municipales, podemos decir fehacientemente que másparecen un obstáculo que una vía de expresión y resolución deconflictos. La voluntad del legislador aparece más inclinada arestringir la participación ciudadana en los temas de mayor relevanciaque a fomentarla.
Es necesario establecer como exigencia que la planificación urbana y másespecíficamente los cambios a los planos reguladores, en lo que serefiere a condiciones de edificación y uso de suelos, sean aprobados sólopor medio de plebiscitos comunales. La actual normativa que entrega estapotestad al Concejo Comunal deja la comuna a merced de la especulacióninmobiliaria.”
Verónica Adrián, de la Red Ciudadana por Ñuñoa manifestó “En Ñuñoa, los vecinos organizados hemos experimentado en la práctica la limitada, o casi nula posibilidad de plantear posiciones contrarias a las políticas municipales.
Hace casi 2 años que la Red Ciudadana Por Ñuñoa lucha por intentar frenar la destrucción de los barrios consolidados de la comuna, haciendo uso de los recursos que la legislación vigente pondría a disposición de la ciudadanía. Pero hemos constatado, más allá del omnímodo poder que poseen los alcaldes para imponer sus propias doctrinas, la total inexistencia de un aparato político institucional que regule y sancione el descarado juego de intereses en que hoy se han convertido las ciudades, donde el poder del dinero lidera por lejos.
La única arma que nos queda a los ciudadanos, en vista de la gran tragedia que viven hoy nuestras ciudades, es tomar a cargo la incierta cruzada de convocar a plebiscito comunal dentro del marco legal vigente, el que opone casi insalvables trabas administrativas, financieras como vaguedades en la interpretación de la ley, a los que nos atrevemos a desafiar el actual sistema neoliberal del país.
Por ello, hacemos un urgente llamado a los más amplios sectores políticos y de la sociedad civil para producir cambios de fondo a la antidemocrática y añeja legislación que posee el país, la que no se condice con la imagen de desarrollo con la que se pavonean sus autoridades internacionalmente.”
Por su parte, Moisés Scherman, también miembro de La Red Ciudadana por Ñuñoa agregó: “Hemos sufrido la falta de democracia y de mecanismos de participación ciudadana desde los inicios de nuestra organización, con la solicitud de Audiencia Pública que presentamos en Abril del año pasado y para que decir, durante todo el proceso de modificación al PRC, impulsado por el Alcalde Pedro Sabat.
Es por ello que ya tomamos la iniciativa de hacer llegar nuestra voz al poder legislativo para trabajar conjuntamente en desarrollar las acciones necesarias que permitan derribar las barreras a la Participación Ciudadana que hoy día existen en Chile, al amparo de la legislación vigente y la necesidad de realizar una cirugía mayor a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Nuestra propuesta ha sido acogida por un grupo de diputados y en una primera etapa, nos encontramos abocados a la elaboración de un proyecto de ley para modificar el articulado referente a los Plebiscitos Comunales de la LOC de Municipalidades, el que esperamos sea presentado a la brevedad, en el seno de la Cámara baja.”
Edgardo Condeza, del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos expresó "Chile vive una semi democracia.
Si se compara nuestra nación y el ejercicio democrático de naciones de Sur América y del Hemisferio Norte estamos muy atrasados en el ejercicio de la democracia. ¿A usted como ciudadana, como ciudadano le han preguntado alguna vez, sobre las Reformas a la Salud, a la Educación o a la Previsión…? Existen muchas formas de participación. La más importante y necesaria: es que los ciudadanos tengan el derecho a decidir aquellos temas que afectan esencialmente sus vidas, como los arriba mencionados ¿Si se hubiera consultado a los ciudadanos el diseño, la aplicación del Transantiago: se habría presentado este desastre? Cuando elegimos una Presidenta, Parlamentarios, Alcaldes o Concejales: estamos eligiendo representantes de las y los ciudadanos. Estamos eligiendo servidores públicos. Ellos tienen el deber: de consultar a los representados los temas esenciales que afectan la existencia de toda la ciudadanía. El derecho al Plebiscito o Consultas Ciudadanas es un derecho inmanente a la naturaleza del ser humano. No es una concesión de los representantes o servidores públicos. Es su deber.¿Que ha hecho Nuestro Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos para avanzar hacia una democracia participativa?
Hemos realizado 35 Consultas Ciudadanas: en Santiago, Viña del Mar, Chillán, Los Ángeles, Concepción, etc. La última en Lota. La próxima: colaboraremos para realizar una Plebiscito con la Municipalidad de Antofagasta. En estas Consultas han sufragado 249.104 personas. Ellas han debido votar, obligatoriamente, con su carné de identidad y firmando el registro correspondiente. Ello se ha traducido en un enorme proceso de Educación Cívica. En algunas oportunidades han sido determinantes en el cambio de la decisión de los representantes. El objetivo principal del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, es que el plebiscito quede claramente establecido en la Constitución y la Ley. Que pueda ser convocado institucionalmente por los ciudadanos y que su resultado sea vinculante. “
Víctor García, de Defendamos Plaza Las Lilas acotó: “Resulta grotesca la forma en que ciertos funcionarios públicos, que debieran trabajar por los intereses de la comunidad, logran aprovecharse de su ventajosa posición. Tal es el caso del Director de Obras Municipales de Providencia quién, faltando a lo indicado por la Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza, otorga Permisos de Edificación que no se acogen a la reglamentación. Negando, posteriormente, su conocimiento a la comunidad interesada.
Es necesario recordar que la Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza instruyen sobre la obligatoriedad de exponer estos documentos a la comunidad y que, pese a esto, el mentado Director de Obras ha solicitado, reiteradas veces, el permiso de las Constructoras para exponer a público estos antecedentes. Yo me pregunto ¿quién manda a quién?
Finalmente deseo terminar con las palabras de nuestra Presidenta de la República, quién manifestó en Italia que "factores que afectan a la calidad de la democracia como la falta de transparencia, la corrupción y las mafias provocan la apatía de la población hacia los políticos, por lo que los líderes debemos estar más atentos a estos factores y ser más cercanos a la gente".
Mariel Sagredo, del Comité de Desarrollo y Protección de Villa Portales indicó "En Villa Portales, hito arquitectónico a nivel mundial, hemos vivido una clara muestra del autoritarismo, proveniente del Ministerio de la Vivienda.A nuestro sector llegó el "Programa Quiero mi Barrio" porque nos seleccionaron como uno de los 200 barrios para recuperar en todo el país.
Sin embargo, y siendo la participación la esencia de este Programa, el equipo gubernamental apareció con los programas listos, los cuales no apuntan a las reales necesidades de los vecinos. Más bien cubren intereses del Proyecto de Plan Regulador de Estación Central, a través de recursos que se entregarían para hacer calles en nuestra villa, tal como lo propone el Municipio, seguramente pensando en hacer un loteo de nuestras 31 hectáreas que hoy valen 150 millones de dólares, mañana quién sabe cuánto.
Además, los recursos aparecen sobredimensionados para los proyectos, por ejemplo, nos ofrecieron construir una plaza por 600 millones de pesos, seguramente la plaza más cara de Chile y un Paseo, por 900 millones.
Nuestra reales necesidades tienen que ver con arreglo de los ductos de gas para que no se siga muriendo gente en nuestra Villa intoxicada por las emanaciones; con ascensores para edificios, de seis y siete pisos, ya que la tercera edad no puede bajar las escaleras; con evaluaciones estructurales de los edificios y posteriores arreglos; con canchas; áreas verdes; veredas; iluminación; etc. El Programa destina cinco mil millones a proyectos creados por burócratas y que no tienen a la gente como su verdadero norte.”
Rosario Carvajal, de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay declaró:
“Como vecinos que vivimos en un sector tradicional del centro de Santiago, denunciamos el irrespeto que observamos en nuestro barrio por las políticas depredadoras del Ministerio de la Vivienda. Da la impresión que lo único que les interesa es construir torres de dudoso gusto a como dé lugar en donde se pierde el sentido de barrio”
Ana María Medina, de la Coordinadora Vecinal La Reina aseveró: “el Alcalde Luís Montt, no escucha a los vecinos, y les niega cualquier participación real en el diseño de la comuna que queremos, su estilo autoritario incluso a dificultado el funcionamiento del Concejo Municipal.
Su gestión urbanística ha estado marcada con el proyecto de concretar una modificación al Plan Regulador Comunal, en que los grandes beneficiados serían los grupos inmobiliarios y los grandes perjudicados serían la mayoría de los vecinos, porque perderán su calidad de vida, al permitirse la construcción de edificios en altura, originando mayores densidades, dañando el paisaje urbanístico y su identidad como una comuna verde y amable.
Por ejemplo, entre otros “proyectos”, nos preocupa también algunos compromisos que pudiesen haberse acordado con algunas grandes empresas comerciales, con el objetivo de aumentar el porcentaje de constructivilidad para la instalación de un mega mall intercomunal, en vez de un centro comercial que atendiera la demanda a escala vecinal, paradójicamente, sin consulta previa a los vecinos. Este proyecto de construcción sería en una de las vías de acceso más importantes de la comuna, como es Av. Larraín con Américo Vespucio, lo que generará más atochamientos vehiculares, mayor contaminación ambiental y acústica.
Cabe hacer presente que el año 2006, el alcalde inició otro proceso de modificación al plan Regulador con el mismo objetivo de beneficiar a los grupos inmobiliarios pero gracias a la movilización y al rechazo masivo de los vecinos, se vio obligado a retirar dicho proyecto, originando el surgimiento de esta Coordinadora vecinal.
Es imprescindible iniciar un gran movimiento ciudadano que exija a la clase política que legisle la obligación de que toda modificación al plan regulador debe ser plebiscitada.”
En síntesis, todos los representantes de estas organizaciones ciudadanas esperan que se produzcan los cambios legislativos necesarios para que en un tiempo más se pueda asegurar que en Chile vivimos en una plena democracia.
